La pregunta que dejó octubre
El 18 de octubre de 2019 no fue solo la fecha de una protesta contra el alza del Metro. Las evasiones estudiantiles se transformaron en movilizaciones masivas, con demandas sobre costo de vida, pensiones, salud, educación, abusos y representación. La respuesta institucional combinó una crisis de orden público con una salida política: el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de ese año y la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente.
La protesta también tuvo un reverso que no puede ser omitido: episodios de violencia, destrucción y graves denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos. Presentar el 18-O únicamente como una gesta ciudadana o únicamente como una insurrección violenta empobrece la explicación. Ambas dimensiones coexistieron y marcaron la relación posterior entre ciudadanía, seguridad y Estado.
De la calle a las urnas
El primer plebiscito constitucional, realizado el 25 de octubre de 2020, aprobó con 78,27% iniciar la redacción de una nueva Constitución y eligió una Convención Constitucional. La Convención propuso un texto que fue rechazado el 4 de septiembre de 2022 por 61,86% de los votos. En el plebiscito del 17 de diciembre de 2023, la opción “En contra” obtuvo 55,76% frente a 44,24% de “A favor”.
La secuencia revela que existió un mandato de cambio constitucional, pero no un mandato para cualquier texto ni orientación política. En paralelo, Gabriel Boric ganó la segunda vuelta presidencial de 2021 con 55,87%. En diciembre de 2025 la relación se invirtió: José Antonio Kast fue proclamado presidente electo con 58,17% de los votos válidamente emitidos y asumió el 11 de marzo de 2026.
¿Qué pasó con Chile?
Las demandas sociales de 2019 no desaparecieron, pero fueron desplazadas por la preocupación por seguridad, migración, crecimiento y control del orden público. El triunfo de Kast puede leerse como una respuesta electoral a ese nuevo clima, aunque no demuestra por sí solo que todos sus votantes compartan una misma explicación sobre el estallido o sobre el Estado.
Dos textos constitucionales rechazados no prueban que la demanda de una nueva Constitución haya sido irrelevante; sí muestran que la mayoría electoral no respaldó las propuestas concretas que llegaron a las urnas. La ciudadanía corrigió el rumbo en elecciones y plebiscitos, señal de vitalidad electoral, pero también de una sociedad que exige resultados rápidos y castiga con fuerza a quienes no los entregan.
El límite de la lectura electoral
La alternancia no resuelve automáticamente la crisis que abrió el 18-O. El voto expresa preferencias, pero no elimina desigualdades, abusos percibidos, problemas de pensiones, acceso desigual a servicios ni la distancia entre Santiago y los territorios. La agenda de seguridad y autoridad deberá convivir con una respuesta institucional a las causas sociales del malestar.
LECTURA EDITORIAL · OPINIÓN04 · REFLEXIONA
Chile no salió del 18-O por una puerta única. Salió, hasta ahora, por una secuencia de elecciones, plebiscitos, acuerdos y rechazos que convirtió la protesta en disputa institucional, pero no cerró sus causas. La llegada de Kast no representa el fracaso automático de la democracia ni la realización de una promesa histórica: representa el último resultado, provisional, de una ciudadanía que ha cambiado de dirección varias veces en pocos años. La tarea democrática consiste en gobernar sin borrar al adversario, responder a la demanda de seguridad sin degradar derechos y recuperar confianza sin fingir que las fracturas sociales no existen.
FUENTES