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Justicia anuncia suspensión de trámites de rebaja de condenas: la disputa sobre su aplicación sigue abierta

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El Ministerio de Justicia anunció el 23 de octubre la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena, en medio de la controversia por beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores. El ministro Fernando Rabat defendió su criterio apelando a la jurisprudencia y anunció cambios legislativos. La ley 21.421 modificó en 2022 las exclusiones de este régimen, pero su aplicación temporal está en el centro de la disputa. Una revisión de CIPER encontró resultados judiciales distintos en una muestra de recursos; Reportajes Teletrece también identificó un fallo contrario al otorgamiento. Estos antecedentes impiden describir la jurisprudencia como uniforme. La suspensión anunciada tampoco demuestra que se hayan revocado beneficios anteriores. Para las víctimas y sus familias, siguen abiertas preguntas sobre información, protección y seguimiento. Código País distingue los anuncios acreditados de las interpretaciones jurídicas y no emite un juicio sobre la legalidad de cada decreto.

Kast mantiene a Rabat y anuncia cambios por rebajas de condena: qué está resuelto y qué sigue pendiente

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El Presidente José Antonio Kast confirmó este lunes 26 de octubre la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y anunció cambios legales ante la controversia por rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La declaración, cubierta por 24 Horas y Pauta, incluye el reconocimiento de un error del Gobierno y el compromiso de revisar las decisiones adoptadas. Son anuncios y decisiones políticas; no acreditan la anulación de los beneficios. La Ley 21.421 ya introdujo exclusiones en 2022, con disposiciones específicas que deben considerarse al examinar su aplicación. Como antecedente, CIPER documentó diferencias entre decisiones administrativas y rebajas ordenadas por tribunales. El Ciudadano recogió una exigencia de protección a la infancia de Fundación Enraizar. La pregunta ciudadana pendiente es qué medidas verificables recibirán las víctimas y cómo se resolverá cada expediente conforme a derecho, más allá de la continuidad del ministro.